Héctor Fabio Useche, inhabilitado para ejercer como Gobernador del Valle del Cauca

La sanción en segunda instancia es por el detrimento patrimonial en la Industria de Licores del Valle. Otras 16 personas están incluidas en el fallo 

La permanencia del gobernador del Valle del Cauca, Héctor Fabio Useche, quedó ayer en manos del presidente, Juan Manuel Santos, luego de que la contralora General de la Nación, Sandra Morelli, Textolo hallara responsable, al lado de 17 funcionarios, ex funcionarios y particulares, del detrimento patrimonial por $40.767 millones en la Industria Licorera del Valle (ILV).

En el fallo, de segunda instancia, que fue revelado este viernes, la contralora Morelli le envió una carta al presidente Juan Manuel Santos poniendo en conocimiento su decisión en el juicio de responsabilidad fiscal por los contratos del Plan Promocional de la ILV, en la que le indicó que la decisión determina que Useche tiene una “inhabilidad sobreviniente” por su responsabilidad en el detrimento patrimonial de la empresa.

Fuentes de la Contraloría explicaron que el presidente Santos deberá suspender del cargo al Gobernador, ya que al ser notificado de que Useche tiene que responder de su pecunio por los daños patrimoniales causados al Estado, no podría estar en el cargo hasta tanto cumpla con esta obligación, tal como lo establece el Código Disciplinario Único.

Esta misma decisión deberá ser adoptada por el Presidente en el caso del actual alcalde de Florida y exgerente de la ILV, Doney Ospina, quien también fue hallado responsable.

El fallo

La decisión adoptada determinó que el monto del detrimento fue de $40.767 millones y no de $107.231 millones como se había tasado y fallado en la primera instancia por parte de la delegada de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, Luz Ángela Martínez, quien -incluso- había subido la cifra a $112.689 millones.

La reducción del monto del detrimento se dio porque la Contraloría encontró que nunca fue ejecutado el otrosí 6 de dicho contrato, el cual estaba tasado en $43.400 millones y que prorrogaba el contrato, suscrito en 2008, entre la ILV y la Unión Temporal Comercializadora Logística Integral S.A. hasta el 2014. Sin embargo, éste no se aplicó por decisión del exgobernador Francisco Lourido.

El fallo encontró responsables a Héctor Fabio Useche, Doney Ospina, Juan Carlos Abadía, Juan Pablo Muñoz, Raimundo Tello, Luis Telmo Rojas, Luis Alfredo García, Luis Humberto Castrillón, Paula Andrea Martínez, Ezequiel Lenis, Édgar Salazar, Édgar Doronsoro Tenorio,

Empresa Agropecuaria Los Robles, Empresa Encargo Logístico Integral, Empresa Salazar Transportes Unidos, UT Comercializadora Logística Integral S.A., Empresa Comercializadora Logística Integral, UT Comercializadora Logística Integral S.A.S, que son representantes y socios de la empresa que distribuye los licores.

Para el caso de la compañía de seguros La Previsora, el fallo la encontró civilmente responsable.

Para todos los casos, la Contraloría estableció que las faltas se dieron a “título de culpa grave” por las actuaciones que tuvieron cada uno de los responsables en el detrimento de la Licorera.

Los responsables, según se dijo, deberán responder por el monto del detrimento que se estableció en el fallo de manera solidaria y compartida, es decir que las partes se deberán poner de acuerdo sobre cómo se dividirán este valor para su cancelación que sería, para cada uno, de aproximadamente $2.262 millones.

En la decisión, la Contraloría no halló responsables a los exgerentes de la ILV, Roberto Villamizar y Ruth Sofía Triviño, debido a que, según se advirtió, el primero no intervino en la ejecución del contrato de promoción, mientras que Triviño -de acuerdo con el fallo- adelantó la auditoría e hizo lo posible para evitar el daño.

Más procesos

En el fallo de segunda instancia, para el cual no procede ningún recurso, la Contralora tomó la decisión de poner en conocimiento de otros organismos las conductas de los sancionados y otras personas, al determinar que podrían presentarse casos que tendrían que ser analizados en materia penal y disciplinaria.

Es así que la decisión también determinó el traslado de las pruebas y de las medidas cautelares a la Fiscalía General de la Nación, para que “adelante las actuaciones correspondientes en cuanto a su competencia”, es decir que analice cuáles son los casos que tendrían algún tipo penal.

Asimismo, el organismo de control fiscal envió a “la Contralora Delegada de Infraestructura Física y Telecomunicaciones (...) para que se inicien las investigaciones correspondientes contra la Dra. Ruth Sofía Triviño con relación a las gestiones adelantadas en su calidad de gerente de la ILV respecto de las exportaciones y en el mismo sentido correr traslado a la Procuraduría General de la Nación para lo de su competencia”.

De la misma manera, ordenó dar traslado a la Procuraduría General de la Nación de las conductas del excontralor departamental Carlos Hernán Rodríguez, el exgerente encargado de la ILV, Marco Aurelio Puentes y del exmiembro de la Junta Directiva de la misma empresa, Henry Gonzalo Cerquera.

La contralora Morelli también tomó la decisión de enviar todo el expediente a la Procuraduría General para que adelante los procesos disciplinarios.

La historia

La polémica en la ILV se generó por el control excepcional que emprendió la Contraloría General en el contrato del Plan Promocional que firmaron la Industria de Licores del Valle y la Unión Temporal Comercializadora Logística Integral S.A. (hoy UT Comercializadora Integral S.A.) el 7 de abril de 2008.

Este contrato se firmó por un valor de $59.000 millones y establecía que para el 2008 se comercializarían 10,5 millones de botellas; para el 2009, 11,2 millones y para 2010, 11,6 millones.

Luego las partes quisieron ampliar los términos del contrato hasta el 2014 a través del otrosí 6, tasado en $43.400 millones. En este caso se pactó que en 2011 la cuota era de 12 millones de botellas a comercializar; en 2012, 12,3 millones y 2013, 12,5 milllones.

Cuando la Contraloría actuó encontró que en el contrato y sus prórrogas se incrementaban los ingresos al comercializador, de un 4% al 8%; sin ningún fundamento, más cuando las evidencias demostraban que las ventas de licor decrecían.

Tendría que rendir cuentas ante la Procuraduría

La confirmación de la sanción contra el Gobernador del Valle por la Contraloría General de la Nación y que lo dejó incurso en una inhabilidad sobreviniente, le traería al Mandatario además de la suspensión temporal del cargo, otros procesos, que se podrían iniciar de manera inmediata.

Abogados expertos en derecho administrativo consultados por El País aseguraron que el camino que le espera a Héctor Fabio Useche no es fácil.

Según los juristas, ahora el gobernante queda a la espera de que la Procuraduría General de la Nación, debido a que ya tiene una prueba trasladada (el fallo sancionatorio de la Contraloría) iniciará un proceso disciplinario en su contra.

“La Procuraduría General le debe hacer una audiencia verbal de manera inmediata porque el fallo quedó ejecutoriado con la notificación que se hizo del mismo”, explicó el abogado administrativista Gustavo Prado.

Allí el Mandatario deberá hacer sus descargos y el Procurador decidirá si le impone una sanción disciplinaria, que podría conducir a una probable destitución.

El jurista explicó que La Ley 734 en su Artículo 38 numeral 4 es clara, Useche está inhabilitado, porque fue declarado responsable fiscalmente, tras añadir que independientemente de que si paga o no, el proceso del Ministerio Público sigue adelante. Además, el Gobernador también queda adportas de una investigación penal al compulsarse copias a la Fiscalía.
fuente: http://www.elpais.com.co/elpais/valle/noticias/contraloria-ratifica-sancion-contra-hector-fabio-useche-y-juan-carlos-abadia